El 28 de junio de 2023 entró en vigencia la Ley 2297 de 2023, conocida como la ley del cuidador, mediante la cual el Congreso de la República estableció medidas orientadas a garantizar el acceso al servicio de cuidador o de asistencia personal para las personas con discapacidad que así lo requieran. Esta norma representa un avance significativo en el reconocimiento jurídico y social del cuidado como una labor esencial para la sostenibilidad de la vida.
La ley del cuidador también contempla medidas de acompañamiento para las familias de personas con discapacidad, con el objetivo de promover su formación, facilitar el acceso al empleo, incentivar el emprendimiento, fortalecer la generación de ingresos y asegurar una atención integral en salud. Estas disposiciones aplican tanto para cuidadores profesionales como para cuidadores informales.
La realidad del cuidado en Colombia evidencia una feminización estructural profundamente arraigada. Según datos del DANE de 2024, mientras el 90 % de las mujeres realiza trabajo no remunerado, solo el 65,5 % de los hombres participa en estas tareas. Esta brecha se profundiza en el ámbito rural, donde el 93,4 % de las mujeres asume trabajo no remunerado frente al 60,8 % de los hombres.
A esta desigualdad se suma la intensidad horaria del cuidado, ya que las mujeres dedican en promedio 7 horas y 35 minutos diarios a estas labores, cifra que en zonas rurales asciende a 8 horas y 53 minutos. Esta sobrecarga resulta crítica en territorios con menor acceso a servicios públicos de cuidado y se asocia, además, con condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, bajos niveles de escolaridad y ausencia de ingresos propios, factores que perpetúan la dependencia económica y la desigual distribución del tiempo. Este contexto explica por qué las mujeres continúan asumiendo las tareas de mayor esfuerzo físico y emocional que sostienen la vida cotidiana.
¿Por qué es importante la ley del cuidador?
La ley del cuidador resulta fundamental porque busca dignificar esta labor, reconocer su papel central dentro de la economía del cuidado y visibilizar una actividad históricamente invisibilizada. La norma parte del reconocimiento de que quienes cuidan enfrentan limitaciones estructurales que les impiden desarrollar plenamente sus proyectos académicos, laborales y personales, a pesar de desempeñar una función social indispensable.
No obstante, aunque la ley del cuidador está próxima a cumplir tres años desde su entrada en vigencia y debería encontrarse en una etapa avanzada de implementación, persisten retrasos significativos. Uno de los principales obstáculos ha sido la consolidación del Registro Nacional de Cuidadores, cuyo propósito es caracterizar a esta población para facilitar el acceso efectivo a los beneficios establecidos por la ley. A la fecha, este proceso no ha concluido y las alcaldías y gobernaciones continúan adelantando su implementación de manera desigual en el territorio nacional.
Avances y retos en la implementación de la ley del cuidador
Un avance relevante se produjo en mayo de 2025 con la sanción de la Ley 2456, mediante la cual se creó el Fondo Nacional de Protección y Apoyo a las Personas con Discapacidad y sus Cuidadores. Este fondo permitió definir, por primera vez, un monto específico de recursos destinados a esta causa. La norma también contempló la financiación de dispositivos tecnológicos, adecuaciones en vivienda y accesibilidad, así como programas de formación y cualificación para cuidadores y asistentes personales. La administración de estos recursos quedó a cargo del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
La ley del cuidador, a través de la Ley 2297 de 2023, reconoce formalmente al cuidador como un actor clave del bienestar social y garantiza derechos como el acceso a servicios de salud física y mental, formación, apoyo al emprendimiento, generación de ingresos y flexibilidad laboral. Desde un enfoque de derechos humanos y autonomía, la norma establece que el servicio de cuidado debe entenderse como un derecho y no como una carga individual o familiar. Sus beneficiarios incluyen tanto a las personas con discapacidad que requieren asistencia personal como a quienes ejercen la labor de cuidado.
Es importante recordar que antes de la ley del cuidador ya existían normas orientadas a dignificar esta labor. La Ley 797 de 2003 reconoció pensiones especiales para padres cabeza de hogar con hijos en condición de discapacidad, mientras que la Ley 1413 de 2010 reguló el trabajo no remunerado en el hogar y permitió su visibilización en las cuentas nacionales, lo que representó un avance clave frente al sesgo de género en el cuidado.
Sin embargo, pese a estos avances normativos, persiste una deuda estructural. La caracterización de los cuidadores resulta urgente, ya que no es lo mismo cuidar a una persona joven con discapacidad que a un adulto mayor con discapacidad o a una persona mayor que enfrenta únicamente las limitaciones propias de la edad avanzada. Estas diferencias no han sido contempladas ni diferenciadas de manera suficiente en las leyes existentes, lo que limita el alcance real de la ley del cuidador y su capacidad de responder a la complejidad del cuidado en una sociedad que envejece rápidamente.
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Fuentes:
Proyecto de Resolución Sistema de Registro de Cuidadores | Minsalud, 2024
Ley 2456 de 2025 | Función Pública, 2025
Ley 2297 de 2023 | Alcaldía de Bogotá, 2023
Tiempo de cuidados: las cifras de la desigualdad | DANE, 2020
